COLUMNA POLÍTICA.
México, Estado
plurinacional
Roberto López Rosado*
El gobierno federal presume a
diario por todos los medios, a lo largo y ancho del país, sus reformas
estructurales que asegura, van a beneficiar a todos los mexicanos. En esa
agenda para nada están en la lista los grupos indígenas. Históricamente, han sido
invisibles, si a caso son un instrumento folclórico de los gobiernos. Enrique
Peña Nieto en poco más de un año de gobierno ha mostrado desinterés por ellos y
ellas, como fue el nombramiento de un o una titular ajena a los pueblos
indígenas al frente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas.
Durante las dos
administraciones anteriores, los gobiernos panistas, como ya mencionaba, igual
que ésta, no ha privilegiado una verdadera conservación, preservación y
desarrollo de nuestros pueblos. Al frente de la Comisión han estado personas
ajenas a los grupos indígenas, no sólo por su falta de origen autóctono sino
alguien que tenga un compromiso real con los pueblos originarios, que además de
conocer sus principales necesidades y prioridades, haya luchado junto con
ellos para lograr el reconocimiento irrestricto de sus derechos humanos y sobre
todo, que tenga la preparación y experiencia necesaria para enfrentar esta
responsabilidad y trasformar la política indigenista imperante a una política
indígena que propicie el desarrollo integral de nuestros pueblos originarios.
Todos los días se siguen
pisoteando los derechos de nuestros hermanos indígenas. Sólo en los discursos
se les protege. Ni el gobierno federal, ni los gobiernos estatales y municipales
han creado instituciones específicas que atiendan las demandas indígenas y
mucho menos, ha existido el interés de incluirlos en el funcionamiento de las
instituciones indigenistas.
Es el tiempo ideal para
reflexionar y tomar conciencia. Las diferentes instancias del gobierno y la
sociedad deben cambiar su trato hacia los pueblos indígenas, es un esfuerzo por
establecer un nuevo tejido social que considere la diversidad cultural de
nuestra nación. Es tiempo de superar la exclusión en que se han mantenido a los
pueblos indígenas del proyecto nacional.
Los 12 años de gobiernos
panistas, las políticas públicas implementadas por las administraciones de
Vicente Fox y de Felipe Calderón se caracterizaron por su total fracaso y
porque durante ese periodo, se borraron de la agenda legislativa los avances
significativos alcanzados en la lucha por la defensa y el reconocimiento de los
derechos de los pueblos disminuyéndose a un simple tema de asistencia social.
Con el regreso del PRI al
gobierno federal y en lo que va de su actual administración, la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sigue sin mostrar cambio alguno que
beneficie a los indígenas, son pocos los avances en programas reportados por
esta dependencia en lo que va del nuevo sexenio. Pareciera haber más
interés en la remodelación de las oficinas centrales de dicha comisión y no en
la instrumentación de políticas públicas que beneficien a nuestros pueblos
originarios.
La sociedad, como las
instituciones de nuestro país, lamentablemente se destacado por su alto índice
de discriminación, de manera particular, hacia los grupos indígenas. Si bien
hemos avanzado en erradicar esta actitud, dichos actos discriminatorios
persisten y siguen representando graves dificultades para que como
sociedad avancemos.
Como señalé en el proyecto de decreto
que presenté para reformar el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales y los artículos 9 y 10 de la Ley de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, “uno de los grandes desafíos del siglo XXI
es lograr la verdadera multiculturalidad, la convivencia plural y democrática,
y la unidad en la diversidad encaminada hacia el respeto y el derecho de los
pueblos indígenas de México”.
Estamos, si hay verdadera
voluntad, ante la oportunidad histórica de impulsar nuevos retos que permitan
al Estado y a la sociedad mexicana tomar conciencia de las demandas que desde
hace más de quinientos años nuestros pueblos originarios vienen haciendo por el
arrebato sufrido en el proceso colonial que trajo como consecuencia la conquista
y el avasallamiento por parte de los españoles.
Insisto, si hay verdadera
voluntad, el gobierno peñista debe ofrecer en serio, y no sólo mediante
discursos, respeto a nuestros pueblos originarios; respeto a las autonomías de
los territorios ancestrales que deben quedar inscritos en nuestra Constitución
que nos reconozca como un Estado plurinacional.
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